El sindicato STEPA manifiesta su firme oposición a la propuesta de aplicar un IVA del 21% a la enseñanza privada, una medida que consideramos perjudicial para las familias, los centros educativos y la economía en general. La educación es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, y su acceso debe garantizarse sin obstáculos económicos adicionales.

La imposición de este incremento fiscal supondría un aumento sustancial en los costes para las familias que optan por la enseñanza privada, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades económicas. Esto podría derivar en una disminución en la matrícula en centros privados, poniendo en riesgo su viabilidad y provocando el cierre de unidades o incluso de centros completos. Tales cierres afectarían directamente a los empleos del sector, reduciendo la recaudación por IRPF y otros impuestos, además de limitar la libertad de elección educativa de las familias.

Desde STEPA consideramos que esta medida no solo atenta contra el derecho a elegir centro educativo, sino que también representa un retroceso en la apuesta por una educación plural y de calidad para todos. Por ello, solicitamos que se reconsidere esta propuesta y se priorice el fortalecimiento del sistema educativo público y privado sin gravámenes adicionales que puedan perjudicar su funcionamiento y accesibilidad.